jueves, 21 de enero de 2010

Adopción y encuestas

“¿Cree usted que un niño adoptado por homosexuales sería víctima de burlas y discriminación por parte de sus compañeros de escuela?”. Esta una de las tres preguntas que el Partido Acción Nacional incluyó en la encuesta que esta semana realiza entre los habitantes del Distrito Federal.
Como muchas veces se ha señalado, la participación de la población en temas de mayor relevancia pública no sólo es una necesidad, sino que los gobernantes tienen la obligación de fomentarla y escucharla. Sin embargo, cuando las encuestras son formuladas por los mismos interesados en que se apruebe o no una determinada iniciativa éstas casi siempre dejan más dudas que certezas. La representación y legitimidad de este ejercicio democrático quedan en duda. El peligro está en que las encuestas, consultas o plebiscitos estén “amañados”.
Esta consulta organizada por el PAN obliga a respondernos varias dudas sobre la igualdad de derechos. Por esto, la primera pregunta de la mencionada encuesta, que dice “¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se permitan en el Distrito Federal los matrimonios del mismo sexo?” pone en duda la igualdad de derechos civiles. Aunque el Partido Acción Nacional haya dado el día de ayer (20 de enero) resultados preeliminares que indican un rechazo de 53 por ciento a matrimonios entre personas del mismo sexo, es necesario insistir que nadie con un mínimo carácter demócrático puede poner en duda el acceso a los derechos de cualquier ciudadano. Los derechos no se someten a la opinión de la mayoría, sino que todo estado democrático está obligado a no sólo protegernos, sino a fomentarlos.



Pero son quizás las dos últimas preguntas las que intentan catequizar sobre la forma en que las personas deben entender a la familia. Los argumentos dados por los legisladores del PAN no han tendido la voluntad de exponer más que dictados morales. Los organizadores no pueden ocultar un dejo de intolerancia por negar el estatus de familia a quienes, por extensión, no correspondan a la forma tradicional.
¿Que los niños criados por parejas homosexuales serían discriminados por sus compañeros? Sin duda. Y aunque a las buenas conciencias de Acción Nacional pretender prevenir la discriminación, sus baterías apuntan más a la posible víctima que al actor del abuso. Para ellos es más facil relegar al objeto de discriminación que fomentar la cultura de la tolerancia. Las parejas y las familias actuales se conciben por medio del afecto, la compañía, el compromiso y la solidaridad. Equiparar en automático a las parejas homosexuales con prácticas perversas, adicciones, libertinaje o irresponsabilidad –como sí lo hizo el semanario Desde la fe este fin de semana− es un tipo de discriminación que generaliza injustamente al grueso de este grupo por las actitudes de unos cuantos descarriados, si los hay. Y prácticamente todos los partidos y actores políticos se han subido en este ring. Por ejemplo, el diputado local por el Partido Verde afirmó recientemente que los “capitalinos no están preparados para aceptar esas modificaciones sociales”. Al parecer, el tema es tan espinozo y molesto para está ala de la Asamblea Legislativa que sus miembros se rehusan a llamar por su nombre a estas modificaciones en el Código Civil.
La falta de seriedad de estas preguntas crea finalmente un ambiente de alarma a que las parejas homosexuales en automático tangan la capacidad de adoptar niños. Las autoridades encargadas de otorgar la tutela de los menores no tienen facultades para repartirlos indiscriminadamente a cuanta pareja lo pida. No. Existen procesos legales rigurosos y las parejas homosexuales deberán someterse y cumplir con los requisitos como cualquier otra pareja.
Proteger el derecho a hacerse de una familia no otorga salvoconductos ni atajos legales a quienes carecían de esta garantía.